Alcoy anuncia que se personará contra Zaplana en el caso Erial

El Ayuntamiento de Alcoy se personará como acusación particular en la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, por el llamado caso Erial. Todo después de las últimas informaciones que establecen una conexión entre este caso de corrupción y el proyecto urbanístico de la urbanización de Serelles ubicada a los pies de la Sierra de Mariola. En esta urbanización, la empresa adjudicataria, Luxender; quería construir 1.500 viviendas. El proyecto fue reducido por la Consellería de Medio Ambiente a 500 por el impacto ambiental que podía originar. Ahora esta urbanización está bajo la lupa de la justicia porque, más allá de la quiebra económica que dejó el plan a medias y muchas viviendas para terminar de construir; se investiga si el ex presidente de la Generalitat cobró comisiones ilegales para la adjudicación del proyecto.

El alcalde de la ciudad, Antonio Francés, explica  que el Ayuntamiento quiere llegar al fondo del asunto y determinar si hubo enriquecimiento ilícito a costa del dinero de los alcoyanos «las informaciones que hemos conocido alrededor de la causa abierta contra Zaplana son muy preocupantes, puesto que presuntamente apuntan que la urbanización de Serelles en Alcoy, realizada por la empresa Luxender, y aprobada por el anterior gobierno del Partido Popular, no sólo fue una quiebra económica sino que formó parte de una red de corrupción política«, afirma. Además el primer edil detalla el camino que se va a seguir a partir de ahora «vamos a personarnos en la causa, puesto que los alcoyanos nos merecemos saber qué pasó con esta operación urbanística y averiguar de primera mano todo lo que se hizo y quienes fueron todos aquellos que de una manera u otra participaron de esta trama«, afirma.

Recordar que la quiebra de la empresa adjudicataria obligó al Ayuntamiento de Alcoy a hacerse cargo de la finalización de las obras de urbanización, unos gastos que valora en más de un millón y medio de euros y en los que también se incluye una sanción de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

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