Sobre el Pacto de Estado Violencia de Género
Artículo de opinión de Lola Alba, Diputada Nacional del PP
La violencia de Género es la manifestación más cruel e inhumana de la desigualdad existente entre mujeres y hombres en el mundo y se produce con independencia del nivel social, cultural o económico. Y no podemos pensar que no va con nosotros, o que es algo aislado, o que se está exagerando, afirmaciones que todos hemos escuchado en alguna ocasión.
Los datos objetivos nos deben hacer reflexionar acerca de una realidad que no se puede ignorar. Desde enero de 2003 hasta julio de 2017, 904 mujeres han sido asesinadas en el ámbito de las relaciones de pareja o análoga, más que el número de víctimas de ETA a lo largo de toda su existencia. A lo largo del presente año, 36 mujeres han muerto a manos de sus parejas, dejando huérfanos a 16 menores, y 6 menores han sido asesinados por causa de la violencia de género. Cada año más de 1.000 mujeres son violadas en España, tres al día, una cada ocho horas.
A esta realidad se unen nuevas formas de violencia contra la mujer que eran desconocidas hasta el momento, definidas por Naciones Unidas como prácticas tradicionales nocivas, o la violencia de género digital, que es especialmente grave entre jóvenes y adolescentes, entre los que la violencia sigue arraigando.
Esta situación precisa, tras un diagnóstico riguroso, de una respuesta de toda la sociedad, de mujeres y hombres, con un mensaje claro: el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, y una sola víctima es demasiado. Y para ello todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados han alcanzado un pacto histórico contra la violencia de género.
Lo cierto es que España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género, pero más allá de acabar con la impunidad y garantizar la seguridad y reparación de las víctimas resulta necesario impulsar en la sociedad los cambios necesarios para prevenirla y rechazarla de forma unánime.
El Pacto contra la Violencia de Género ha sido desde el principio de esta legislatura un compromiso del Gobierno y del PARTIDO POPULAR, una prioridad política que se ha plasmado en un compromiso presupuestario de 1.000 millones de euros adicionales a las dotaciones ya existentes en los próximos 5 ejercicios presupuestarios y que se desglosan en 100 millones de euros adicionales destinados a las Entidades Locales, 500 millones de euros adicionales destinados a las Comunidades Autónomas y otros 400 millones de euros adicionales destinados a competencias estatales contra la Violencia de Género.
La Subcomisión para la elaboración del Pacto ha escuchado a 66 personas expertas en violencia contra las mujeres y ha articulado 212 medidas en 10 ejes de actuación, que van desde la sensibilidad y prevención, mejora de la respuesta institucional, mejora de la asistencia ayuda y protección a las víctimas, asistencia y protección a los menores, formación de los distintos agentes, seguimiento estadístico, recomendaciones a Administraciones públicas e Instituciones, visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres compromiso económico hasta el seguimiento del pacto.
Y todo ello prestando especial atención a las situaciones de interseccionalidad que afectan a las mujeres del mundo rural, mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes a minorías étnicas o mujeres migrantes.
Un Pacto alcanzado tras seis meses de sesiones, histórico y sin precedentes, en el que todos los grupos políticos han podido hacer sus aportaciones, donde se han escuchado todas las voces, y que demuestra que, en asuntos importantes y que afectan a la sociedad, todos los grupos políticos pueden renunciar a algo para adoptar una posición común en defensa de las víctimas.
Todos salvo PODEMOS. El grupo parlamentario formado por PODEMOS y sus confluencias no fue siquiera capaz de votar en el mismo sentido los votos particulares. Y lo más graves es que, con una clara deslealtad al resto de grupos, pero sobre todo a las víctimas, no dieron su apoyo al Pacto, y ello tras haber votado a favor del mismo en la Subcomisión y en el Senado.
En cuestiones de estado como es ésta, no cabe hacer política con minúsculas, cuando todos los grupos han sido capaces de alcanzar un acuerdo en beneficio de las víctimas, el “descuelgue” de PODEMOS les deja en evidencia: las víctimas no les preocupan, les preocupa más el titular y la foto.