recogida de residuos

El Gobierno Municipal del PSOE ha salido al paso de las afirmaciones realizadas ayer por Compromís en las que acusaba al Ejecutivo de Francés de no estar realizando las correspondientes auditorias a la empresa FCC. Hay que recordar que estas últimas están contempladas en el actual contrato, aprobado en 2018, y las mismas persiguen garantizar que se ejecutan correctamente los servicios de la recogida de la basura y la limpieza viaria.

Desde el área de Transición Ecológica del Ayuntamiento señalan que en 2018 y 2019 se realizaron correctamente las citadas auditorias. Además explican que a principios de 2020 se atrasó la adjudicación de este procedimiento por motivos administrativos y a causa del estallido de la pandemia en marzo «que no se hayan realizado estas auditorias no quiere decir que no se haya llevado a cabo un exhaustivo control del servicio. El Departamento de Medio Ambiente, pese a tener que atender otras muchas cuestiones derivadas de la crisis sanitaria, se ha esforzado al máximo en hacer un exhaustivo seguimiento de los servicios y quiero desde aquí agradecer esta labor que han desempeñado los técnicos en todo este tiempo«, ha afirmado este jueves el edil de Transición Ecológica; Jordi Silvestre.

Por otra parte Silvestre ha informado que ha quedado archivada la denuncia presentada por Compromís al Síndic de Greuges. La misma fue notificada a este organismo el pasado abril y en ella se hacía referencia a la falta de auditoría así como de control del contrato de la limpieza y recogida de residuos en Alcoy «enviamos toda la documentación que se nos requirió y ha quedado comprobado que se han hecho los oportunos controles, motivo que ha llevado al cierre del expediente«; ha aclarado el Concejal.

Por último desde el Ejecutivo señalan que no son reales los datos aportados ayer por Compromís sobre los 30.000 euros de penalización que se le tendrían que retener a FCC, por incumplimientos del contrato, y que saldrían de los 150.000 de compensación que, por consecución de objetivos; se le tendrían que abonar a la empresa. Desde Transición Ecológica indican que las cifras de penalización surgen de diferentes apartados y estadística con lo que «decir unos números sin más, como ha hecho Màrius Ivorra, es muy arriesgado«, ha concluido Jordi Silvestre.