El nuevo Bulevar dará más prioridad a los peatones
El Ayuntamiento de Alcoy quiere mantener el trazado original del Bulevar pero apuesta por concebir esta infraestructura como un vial dotado de un número concreto de carriles y que sea también una calle en la que tengan prioridad los peatones. También se prevé la instalación de arbolado y de mobiliario urbano en todo el tramo de esta futura vía.
El alcalde, Antonio Francés, explicó ayer en COPE ALCOY que el Gobierno Municipal del PSOE no renuncia a este proyecto y añadió que quieren definir el mismo de forma diferente a como lo planteó el Ejecutivo Local del PP en su día. Francés detalló que los Presupuestos Municipales de este año han reservado una partida de 150.000 euros para redactar el citado proyecto e indicó que durante los próximos meses se llevaran a cabo reuniones con las Asociaciones de Vecinos y con todos los agentes implicados para consensuar el modelo de vial que se quiere construir. El alcalde dijo también que una vez acabe este proceso se quiere licitar cuando antes la actuación con la intención de que las obras pudiesen empezar a finales de este año «lo que tenemos claro es que no vamos a concebir el Bulevar como una gran radial que atraviesa la ciudad y que tampoco vamos a hacer un proyecto que hipoteque a la ciudad como pretendía el PP con su propuesta. Queremos una calle amable que conecte a los barrios y en la que también haya espacio para el peatón teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que junto al trazado hay cuatro centros educativos con todo lo que ello implica en cuanto al tráfico, movilidad y paso de personas», manifestó Francés.
Recordar que a mediados de este mes de febrero se conoció que el Tribunal Supremo ha obligado a Enrique Ortiz a devolver al Ayuntamiento de Alcoy 1,5 millones de euros por el proyecto del Bulevar. Esta cantidad es la que las arcas municipales ya le habían abonado al constructor por la rescisión del contrato de este proyecto. La sentencia, que ya es definitiva, reveló que este contrato se rescindió por causas imputables a la empresa constructora debido a que presentó un proyecto con numerosas deficiencias. De esta forma se puso fin a un proceso judicial entre el Ayuntamiento y Ortiz que se inició en 2011.