Ratificada la indemnización a la empresa que renunció a rehabilitar el Molinar

El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha ratificado la indemnización del Ayuntamiento de Alcoy a la empresa encargada de rehabilitar las antiguas fábricas de El Molinar y que renunció a la obra por incumplimientos del Consistorio. Esta sentencia confirma el informe del Consell Jurídic Consultiu el cual determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora.

Así lo anunciaba el pasado viernes el Partido Popular de Alcoy al mismo tiempo que destacaba que la citada sentencia amplia ligeramente las cantidades que el Consistorio acordó pagar en diciembre. Dicen desde el PP que el Gobierno Local autorizó entonces el abono de 61.868 euros: 32.861,44 euros correspondientes a la indemnización por el 6% del precio de adjudicación y 29.425,22 euros correspondientes a la devolución de la fianza depositada previamente por la empresa. Ahora, añaden, la sentencia contempla un nuevo pago de 3.332,87 euros en concepto de obras ejecutadas por la empresa en octubre de 2019, antes de la paralización del proyecto. A los 62.454,09 euros que indica el fallo judicial, hay que añadir también  los intereses de demora y los gastos de cobro «el Gobierno del PSOE anunció el proyecto en enero de 2018 y las obras debían finalizar en abril de 2019. La realidad es que tenemos que indemnizar a la empresa, tenemos una nueva condena en contra del Ayuntamiento y hemos perdido 500.000 euros de subvención europea. No se puede hacer peor«, concluye la concejala Lirios García.

Indicar que el proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020.  Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, aclara el PP, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.