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Ninguna empresa se ha presentado a la licitación para la reposición de la zona verde de la Rosaleda. El concurso público ha quedado desierto. El presupuesto era de 2.438.066 euros para realizar unas obras que vienen marcadas por una sentencia judicial, pero el plazo ha finalizado sin ninguna solicitud.

Esto obliga al Ayuntamiento a realizar una revisión de los precios y, por tanto, sacar un nuevo concurso público con otro presupuesto, que será mayor. Y es que hablamos de un proyecto que fue redactado en 2020, pero que contaba con un informe técnico que viabilizaba su ejecución. Sin embargo, no se actualizaron los precios con la subida de los costes de materiales como el hierro y el cemento. Unos incrementos que para el Ayuntamiento, justifican, se podían compensar con otras partidas.

El objetivo del Consistorio, asegura Jordi Martínez -vicealcalde y concejal de Obras y Servicios-, es acelerar los trámites para que la obra pueda estar adjudicada tras el verano. «Nuestro objetivo siempre ha sido cumplir con la legalidad y eso pasa por realizar el proyecto, ajustando el precio para que los alcoyanos no paguen de más. No obstante, no podemos demorar la ejecución a una futura bajada de precios».

Cumplir con la legalidad

Detrás de este proyecto está la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, que obliga a la ciudad a adaptar la Rosaleda a la legalidad. Para ello se debe generar un jardín que cumpla con las especificaciones relativas a zonas verdes y con las normativas de accesibilidad.

Y es que durante el verano de 2001, el Ayuntamiento de Alcoy -gobernado entonces por el Partido Popular– inició los trámites para la construcción de un aparcamiento subterráneo en la Rosaleda. Al tratarse de un proyecto que no respetaba la zona verde, La Carrasca-Ecologistes en Acció y un grupo de vecinos presentaron un recurso contencioso-administrativo y pidieron la suspensión cautelar de las obras.

Sin embargo, esta petición fue denegada porque el Ayuntamiento alegó que la eliminación de la zona ajardinada era transitoria. No obstante, no fue así. Presentaron entonces un recurso contencioso administrativo que fue aprobado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitida en octubre de 2005 y que fue ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Esto obligaba al Ayuntamiento de Alcoy a reponer la zona verde.

El Grupo Municipal de Ciudadanos ha pedido celeridad para encontrar una solución a la situación del Teatro Principal y para elaborar el concurso público que adjudique la nueva gestión del mismo. La formación naranja ha elogiado la labor desempeñada al frente del teatro en estos doce años por La Dependent y en particular su director, Joanfran Rozalén «la Dependent ha aportado cercanía, frescura y una gran profesionalidad a la cultura local y Joanfran ha sido una persona que ha demostrado una capacidad de trabajo, gestión, creatividad y liderazgo dignos de mención«, ha manifestado el portavoz de Ciudadanos, Jorge Sedano.

Por último desde el Ejecutivo Municipal han lamentado que el Gobierno Local no haya sido capaz de prevenir la finalización del contrato del Teatro Principal caducado desde el día 19 de enero «ha habido falta de reflejos por parte del Gobierno para prevenir esta situación. No ha sido la correcta esta actuación y por eso Ciudadanos exigió el lunes en el Pleno que se tramite desde el Ayuntamiento el pliego de condiciones convocar un concurso público sobre la gestión del Teatro Principal con la mayor urgencia posible«, concluye Sedano.