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La limpieza de colegios y hospitales públicos no podrá externalizarse

La futura ley valenciana de igualdad de género pretende poner fin a la externalización de los servicios de limpieza, alimentación y lavandería de los centros sanitarios, educativos y de servicios sociales públicos, unas profesiones que ejercen colectivos feminizados.

«Es muy importante un cirujano en el quirófano, pero también es imprescindible la que lo limpia«, ha afirmado este jueves la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien ha indicado que ambos son imprescindibles para poder operar a una persona, pero el primero está en plantilla pública y la segunda en una empresa cobrando mucho menos que si estuviera en la Administración pública.

En los nuevos centros sociales públicos las personas que desempeñan esos tres servicios ya son personal de plantilla, ha explicado Oltra en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los detalles del anteproyecto de ley de Igualdad, que sustituirá a la norma vigente de 2003 y que según ha dicho situará a la Comunitat «a la vanguardia de la legislación feminista«.

La norma también plantea que las empresas o entidades del sector hotelero que externalicen los servicios de cocina, limpieza y lavandería no puedan participar en los procedimientos de contratación pública, ni recibir ayudas o subvenciones públicas.

Discriminación positiva de hombres 

Otra novedad de la futura norma es que las reducciones de jornada para la crianza y cuidados en la Administración de la Generalitat se ampliarán en una hora cuando las pidan los hombres, una ventaja con la que se busca que no sean siempre las mujeres las que soliciten las excedencias y reducciones de jornada para dedicarse a cuidar.

La futura ley incluirá una bonificación fiscal a las empresas que incluyan medidas de compensación positiva al género infrarrepresentado, así como la elaboración de una estrategia de usos del tiempo y corresponsabilidad, y premiar en la contratación pública a las empresas que fomenten las jornadas de 32 horas son otras de las medidas que incluye la ley.

Asimismo, se impulsará la incorporación de mujeres a profesiones tradicionalmente masculinizadas, así como la presencia de hombres en espacios mayoritariamente feminizados, y se introducirá un módulo sobre igualdad de género en los ciclos de formación profesional donde los hombres son mayoría.

Oltra ha explicado que, para impulsar «un cambio de paradigma productivo«, se avanza en el reconocimiento del trabajo doméstico y los cuidados, con medidas como incentivos fiscales a quienes que contraten de forma indefinida a personas afiliadas en el sistema especial de empleadas de hogar.

Publicación tablas salariales

Para luchar contra la brecha salarial, el texto establece que las empresas con más de 50 personas trabajadoras que quieran contratar con la Administración o recibir fondos públicos deberán publicar sus tablas salariales por sexo y edad.

Otra medida es que el Consell y las listas electorales valencianas deban ser paritarias por ley, mientras que en el caso de existir igualdad de capacitación se deberá dar prioridad al sexo infrarrepresentado en los cuerpos, niveles y categorías de la Administración en los que su representación sea inferior al 40 %.

También se garantizará a las mujeres el derecho preferente en el acceso a las viviendas de promoción pública, ya que se considerará la vivienda como una herramienta para luchar contra la feminización de la pobreza, y todas las normas deberán contar con un informe de impacto de género.

En el ámbito sanitario, se establecerá la obligación de informar a las mujeres de las diferentes opciones de parto y se garantizará el acompañamiento en aquellos casos de muerte natal y perinatal, así como el reparto de productos de gestión menstrual en los colegios.

La Generalitat se comprometerá además a fomentar la mejora de las condiciones de salud laboral de las camareras de piso, así como el equipamiento de las habitaciones de hotel con mobiliario que evite las enfermedades profesionales en este colectivo.

La vicepresidenta ha destacado que es una norma «ecofeminista», que busca impulsar «un cambio de paradigma y transformación feminista de la sociedad»y combatir la brecha salarial pero también la de los cuidados, y ha indicado que espera que se pueda aprobar esta legislatura, pero si no, se hará en la próxima.