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El juicio para esclarecer lo ocurrido en la residencia Domus VI de Alcoy durante la primera ola de la pandemia ya tiene fecha. Arrancará el 19 de febrero y se alargará, previsiblemente, hasta el día 29 del mismo mes.

Este proceso judicial llegará prácticamente cuatro años después de que un virulento brote de Covid-19, nada más empezar el confinamiento, acabara con la vida de 74 residentes de este geriátrico de la ciudad. Al juicio se llega después de que 18 familiares de los fallecidos presentaran una demanda civil con la que pretendían «conocer la verdad y que se depuren responsabilidades para que una tragedia así no vuelva a ocurrir«, manifestó en COPE ALCOY a principios de septiembre Josele García; portavoz de la Asociación de Afectados.

Todo comienza en marzo de 2020

Los familiares de las víctimas han atravesado un camino complicado hasta llegar a este punto. Todo comenzó en marzo de 2020, nada más estallar la crisis sanitaria del Coronavirus y comenzar el periodo de confinamiento, cuando un virulento brote de Covid-19 empezaba a cebarse con la residencia geriátrica Domus Vi de la capital de l’Alcoià. En este punto perdieron la vida 74 ancianos y el centro de mayores tuvo que ser intervenido incluso por la UME para su desinfección mientras las mismas familias denunciaban públicamente no tener información sobre lo que allí estaba ocurriendo. La Conselleria de Igualdad acabó interviniendo el geriátrico el 19 de marzo y todos los esfuerzos se centraron en intentar salvar la vida de las personas que seguían allí ingresadas.

Arranca la lucha para conseguir que se haga justicia

A principios de mayo de 2020, Sanidad daba por cerrado el brote de Domus Vi y los familiares, constituidos inicialmente en plataforma, se agrupaban en torno a una asociación que iniciaba el proceso para emprender acciones legales. Su principal objetivo era esclarecer la verdad, conocer todo lo que sucedió, la depuración de responsabilidades y conseguir que una situación similar no vuelva a pasar. En otoño de 2021 anunciaban la presentación de una demanda civil contra la empresa gestora de la residencia de mayores y la aseguradora, y a partir de entonces comenzó la recopilación de pruebas. Ayer fueron aportadas en la vista previa del juicio y los 18 representantes de las familias afectadas fueron claros antes de verse con el juez «Ahora sabemos que se nos ocultó información de manera premeditada por parte de la empresa gestora y de la Conselleria. Ahora somos conscientes de que actuaron de mala fe porque hemos tenido acceso a ciertos documentos”, dijo Josele García como portavoz del colectivo.