financiación autonómica

Los Presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), han sellado una «alianza» para urgir a la reforma del modelo de financiación autonómica y han acordado pedir hasta entonces un fondo transitorio de compensación, algo que el presidente andaluz ha cifrado en 1.700 millones anuales.

Los dos dirigentes autonómicos se han reunido en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta, para iniciar «un recorrido» que lleve al primer plano político lo que consideran una urgente necesidad de reformar el modelo actual por la «infrafinanciación» de estas comunidades, que suman casi un tercio de la población.

Mientras se alcanza un acuerdo que admiten que será «difícil«, Andalucía y la Comunidad Valenciana reclaman la creación de un fondo transitorio compensatorio «de nivelación«, que se prorrogue automáticamente hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, y en el que se incluiría también a Murcia.

Ha sido el presidente andaluz el que ha puesto la cifra a esa reclamación, ya que ha hablado de que en la Junta tienen estimaciones que situarían la compensación en un total de 1.700 millones anuales para Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, las «peor financiadas».

Los Presidentes han insistido en que no se trata de hacer «frentismo» y que esta unión, no va «contra nadie«, ni se habla de agravios, sino del «interés legítimo» de todos los ciudadanos.

Moreno y Puig han firmado una declaración institucional en la que no se indica ninguna cifra específica para ese fondo de compensación, pero defienden que el actual sistema supone una «insuficiencia global» para todas las regiones, más acuciante en las comunidades peor financiadas, ya que ha sido «discriminatorio, complejo y poco transparente«.

Han cifrado en 72.400 millones entre 2010 y 2018 la merma de los recursos para las comunidades autónomas porque carecen de capacidad normativa en la imposición directa y de capacidad de gestión de los grandes impuestos en los que participan, por lo que consideran que deben ser «partícipes» de las decisiones que afectan a estas tasas.

Además, la Junta y la Generalitat son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades para aumentar la «corresponsabilidad fiscal» con un cambio de estructura, especialmente en materia de imposición medioambiental, punto sobre el que ambos presidentes han explicado que no se trataría de subir impuestos.

Moreno ha dicho que sería «modificar o cambiar» la estructura según las nuevas recomendaciones europeas, y Puig ha abogado por redistribuirlos y «adaptar la fiscalidad a los nuevos tiempos» con «una nueva generación impositiva» con progresividad, a la vez que ha dicho que no ve contradictorio hablar de corresponsabilidad y de armonización.

El nuevo modelo de financiación autonómica que piden ambos Presidentes debería destinar más recursos a las comunidades en global y «corregir la inequidad horizontal«, basándose en el concepto de población ajustada, según el documento acordado.

«Estamos hablando de casi un tercio de la población de España y de la tercera y cuarta economía de nuestro país«, ha destacado Moreno, quien ha insistido en que «no se va contra nadie» sino a favor de «mejorar, reflexionar y generar bienestar«.

Puig ha dicho que «cada uno debe asumir su responsabilidad«, algo que cree que han hecho los dos presidentes autonómicos dando «un paso para visibilizar la situación«, pero ha asegurado que van a trabajar «con voluntad de cooperación, de coser el país y no de generar contradicciones innecesarias o guerras estériles«.

El Presidente de la Generalitat Valenciana ha afirmado que estas conversaciones entre dos comunidades, más allá de las siglas políticas, «fortalecen a España» y ha defendido que el problema de la financiación es el del estado del bienestar porque para ello se necesita suficiencia económica.

«Aquí no estamos hablando de agravios, estamos hablando del interés legítimo de los ciudadanos a los que administramos«, ha indicado Juanma Moreno.

Los dos Presidentes autonómicos han abordado también la posibilidad de actuaciones conjuntas para acceder a la mayor cantidad posible de fondos europeos y han compartido la necesidad de un certificado covid