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Ya hay audiencia previa del juicio por la tragedia de la residencia Domus Vi Alcoy

La Asociación de Afectados por la tragedia ocurrida en la residencia geriátrica Domus Vi de Alcoy celebra que se haya dado un paso más de cara a hacer justicia después de lo ocurrido en el mencionado geriátrico durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19. Desde la plataforma explican que la audiencia previa al juicio ha quedado fijada para el 7 de septiembre, hecho que precisamente puede llevar a la celebración de un posible juicio entre los familiares, la empresa que gestiona Domus Vi y la aseguradora del geriátrico.

Los familiares confían que se pueda celebrar este juicio final y destacan que en el supuesto de que este último avanzara, los responsables de la empresa no irían a la prisión pero los afectados sí que podrían ser indemnizados. Sin embargo dejan claro que en este proceso lo más importante “es aclarar el que pasó y que se depuran responsabilidades. Casi cuatro años después de lo sucedido seguimos sin respuestas y consideramos que merecemos conocer la verdad del caso. Además continuamos luchando porque situaciones como aquella no se vuelven a producir“, explicaba en COPE ALCOY Josele García; presidente del colectivo. De igual forma expresan su satisfacción por el paso previo a un posible juiciohan pasado dos años desde que presentamos la demanda y hemos aprendido mucho en todo este tiempo. Nos estamos enfrentando a grandes empresas y la audiencia previa mujer ya pie al hecho que se pueda investigar y llegar a conclusiones sobre por qué murieron estas 18 personas“, concluye José Luís.

Recordar que fueron 74 las personas que murieron en la primera ola de la crisis sanitaria a causa de un virulento brote de Coronavirus. Desde entonces los familiares de las víctimas no han dejado de luchar para que se haga justicia ante la terrible tragedia acontecida desde marzo de 2020.

José Luís García: «seguimos sin respuestas un año después»

Hace justo un año un brote de Coronavirus causaba verdaderos estragos en la residencia geriátrica Domus VI de Alcoy, centro que además quedaba intervenido por la Generalitat Valenciana y en el que acabaron produciéndose un total de 73 defunciones a causa de la Covid-19. Los familiares de los residentes, desde el primer momento, denunciaron falta de información sobre lo ocurrido allí dentro y tras constituirse en Asociación emprendieron acciones legales para exigir responsabilidades.

Desde el colectivo explican que han presentado la demanda civil contra la empresa que gestiona el geriátrico por mala praxis e incumplimiento de contrato. Además lamentan que a día de hoy no hayan obtenido respuesta por parte de la Consellería de Politicas Inclusivas como gestora de estas residencias «estamos hablando de 73 muertes y 134 defunciones en una de las tragedias más duras de la reciente historia de Alcoy. Han demostrado una total inacción y han optado por la callada por respuesta. Nosotros seguimos demandando explicaciones y nuestra lucha va centrada también en conseguir la reversión pública de estas residencias para que no vuelvan a ocurrir hechos como este«, ha asegurado en esta emisora José Luís García, Presidente de la Asociación de Afectados.

Los familiares de los afectados confían en que finalmente se haga justicia y no olvidan los días de angustia que vivieron hace un año cuando sus seres queridos enfermaron y murieron a causa de la Covid-19. Además tampoco pudieron verles en sus últimas jornadas ya que la residencia cerró para visitas a partir del 9 de marzo porque el virus ya había entrado en la misma.

Alcoy sigue sin recuperar la propiedad de los antiguos juzgados

El Partido Popular de Alcoy insta al Gobierno Local del PSOE a poner en marcha la recuperación de la propiedad del edificio del antiguo Palacio de Justicia de la plaza de Al-Azraq, un inmueble cerrado y sin uso desde hace cuatro años.

Los populares alcoyanos critican a la Conselleria de Justicia por negarse a ceder el edificio al Ayuntamiento, un hecho que según explican obliga a presentar un contencioso-administrativo. Asimismo acusan al Gobierno Local de permitir que el futuro del edificio siga todavía en el aire «el Ejecutivo, que ya hace un año aseguró que iba a recurrir a los tribunales para recuperar el edificio, sigue sin presentar la demanda con la que incorporar los antiguos juzgados al patrimonio local. Dicen que han negociado con la Conselleria y que no ha sido posible llegar a un acuerdo de cesión gratuita. El resumen: un año más perdido. Francés, cuando estaba en la oposición mostraba informes que aseguraban que el edificio pasaría a ser del Ayuntamiento en cuanto dejase de tener uso judicial. Ahora ya no reivindica nada ni actúa para recuperar el edificio. Cuando un Gobierno no sabe qué hacer con ese edificio, parece que lo mejor es dilatar y retrasar al máximo su adquisición«, afirma el portavoz de la formación; Quique Ruiz.

Recordar que el antiguo Palacio de Justicia cerró sus puertas en marzo de 2017, cuando comenzó a prestar servicio la nueva sede judicial de la plaza de la Mare de Déu. El acuerdo por el que el Ayuntamiento cedió el solar en 1976 al Ministerio de Justicia para la construcción del edificio determinaba que el inmueble pasaría automáticamente a ser propiedad del Ayuntamiento de la Villa Condal en cuanto dejase de tener uso judicial.

Clamor per demanar justícia

L’Associació de Familiars d’Afectats de la residència de majors Domus Vi d’Alcoi i Cocentaina han protagonitzat aquest dissabte de vesprada una concentració de protesta a les portes del geriàtric de la capital de l’Alcoià. En la mateixa han participat familiars de les 73 persones que van perdre la vida durant la passada primavera a causa del brot de Coronavirus originat al Centre al mateix temps que han assistit representants dels partits polítics presents a la Corporació Municipal alcoiana.

Durant l’acte reivindicatiu, portat a terme amb totes les mesures sanitàries per fer front a la Covid-19, s’han recordat a les víctimes de la pandèmia i s’ha anunciat que durant el mes d’octubre l’Associació de Familiars decidirà quina via empra per a reclamar justícia. A més han denunciat que l’empresa no informa de manera adequada sobre com es troben els residents que actualment estan al geriàtric i remarquen que tenen molts problemes per a poder comunicar-se amb els seus éssers volguts. Per últim han donat suport als treballadors dels geriàtrics i han lamentat la manca de personal que pateixen les residències Domus Vi de Cocentaina i Alcoi.

La concentració, a la que hi ha assistit més d’un centenar de persones, ha finalitzat amb aplaudiments i forts crits en els quals es deia ben fort: ‘volem justícia’.

Justicia mantiene la intención de habilitar el quinto juzgado de Alcoy

La Generalitat Valenciana mantiene la intención de poner en marcha pronto el quinto juzgado de Alcoy, una de las viejas reivindicaciones del Partido Judicial de la ciudad. Así lo afirmó ayer miércoles la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la visita que hizo a Alcoy para participar en el Ágora en una de las ponencias del ciclo ‘Diàlegs d’Estiu’ que está llevando a cabo el Consell este verano para dar a conocer sus políticas.

Bravo explicó que en estos momentos su departamento ha solicitado un informe al Consejo General del Poder Judicial para que plasme las necesidades de ampliación existentes en los diferentes partidos judiciales de la Comunidad Valenciana. Además aseguró que este informe estará elaborado en breve «previsiblemente la próxima semana. En el mismo se harán las peticiones correspondientes al Ministerio de Justicia de los nuevos órganos para el 2019«, destacó.

Por último la Consellera de Justicia recordó que en Alcoy ya están funcionando a pleno rendimiento desde el pasado año los nuevos Juzgados al mismo tiempo que apuntó que nuestra ciudad cuenta con servicios como la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. También se refirió a la permuta que se realizará con el Ayuntamiento, a través de la cesión de tres inmuebles que son ahora propiedad del Consell, para que el Consistorio pueda recuperar la inversión realizada en su día a la hora de rehabilitar el Palacio de Justicia de la Verge María.

Consellería prevé el traslado de los juzgados para finales de año

La Consellería de Justicia prevé que a finales de año pueda acometerse el tan esperado traslado de los juzgados de Alcoy del inmueble de la plaza Al-Azraq al edificio de la Verge María, en pleno Centro de la cuidad. Así lo destacó el pasado sàbado la Consellera, Gabriela Bravo, en el transcurso de la inauguración oficial de la Fira de Tots Sants de Cocentaina a la que asistió como representante del Consell.

Bravo explicó que el Ayuntamiento ya han concluido los trabajos de adecuación del futuro Palacio de Justicia, dañado por los actos vandálicos en los últimos años, e indicó que en esto a momentos se está trabajando en preparar la instalación del equipamiento tecnológico, es decir, la instalación eléctrica e informática. Además la Consellera detalló que el Consistorio Alcoyano está perfilando varios servicios anexos a los nuevos juzgados como zonas de aparcamiento o un microbús para facilitar el acceso a la ciudadanía. Por último la titular de justicia se mostró confiada en que este traslado sea pronto una realidad “se sigue trabajando para que entre finales de 2016 y principios del próximo año ya estén funcionando los juzgados en el nuevo edificio en perfectas condiciones”, dijo.

Recordar que según el convenio suscrito entre la Consellería y el Ayuntamiento, el Gobierno Autonómico pagará un alquiler al Consistorio mientras se última una fórmula que permita a la ciudad recuperar los 3’5 millones de euros que en su día abonó para reformar la nueva sede.

 

 

El Ayuntamiento de Alcoy recurrirá la sentencia de Alcoinnova

El Ayuntamiento de Alcoy recurrirá finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que resolvió el primer contencioso interpuesto por el Consistorio contra la Actuación Territorial de La Española en La Canal y que le retira todas las competencias en materia urbanística relacionadas con la ubicación del parque empresarial. El edil de Urbanismo, Manolo Gomicia, ha explicado este martes en Cope Alcoy que se presentará un recurso de casación en el Tribunal Supremo «con el fin de que se pueda pueda optar a la corrección de esta sentencia para así permitir a Alcoy decidir posibles ubicaciones alternativas a Alcoinnova», matiza. Gomicia no aventura si la resolución de este nuevo recurso puede ser favorable a los intereses municipales y añade que «hay que contemplar esta posibilidad de que el Supremo corrija la sentencia porque esta puede tener consecuencias sobre el segundo contencioso que interpuso el Ayuntamiento y que se centraba en la suspensión cautelar de Alcoinnova hasta que la justicia no se pronunciara a favor de la propuesta de La Española como así ha sido», concluye.

Recordar que el Ayuntamiento de Alcoy llevó  al TSJ la Actuación Territorial Estratégica (ATE), impulsada por la Generalitat Valenciana,  al considerar que no tenía en cuenta las competencias municipales en materia de planificación urbanística. La decisión fue defendida por el Gobierno Local ya que asegura que La Canal no es la zona más adecuada para este proyecto puesto que puede generar causar problemas medioambientales.

El Juzgado avala la legalidad de los Estatutos del Casal

El juzgado de primera instancia número 4 de Alcoy ha resuelto que las elecciones de la Asamblea de la Asociación de San Jorge en la que fue elegido Carlos Aracil como presidente en octubre de 2014 son legales al mismo tiempo que avala el carácter democrático de la entidad y su sistema para escoger a los componentes de la Junta Directiva. La resolución judicial desestima así la demanda que el pasado año presentaron cinco asociados, algunos de los cuales fueron primers trons durante la época de la llamada Guerra del calendario, en la que pedían que se anulara este proceso electoral argumentando que era antidemocrático al mismo tiempo que instaban a que todas las decisiones del Casal se adoptaran por sufragio universal. Recordar que esta petición apareció en un momento complicado para la Asociación ya que se elegía al nuevo presidente tras un largo periplo motivado por la dimisión de Rafael Tortosa. El fallo además matiza que todos los demandantes aceptaron en su día de forma «tácita los estatutos actuales puesto que fueron miembros de la Asamblea General y la propia Junta Directiva».

Señalar que la sentencia condena a todos ellos a hacer frente a los costes del proceso judicial y desde la Asociación de San Jorge  han valorado positivamente la resolución por medio de un comunicado en el que también han agradecido la labor desempeñada por el Asesor Jurídico, Rafael Sastre «la sentencia despeja cualquier tipo de duda sobre la institución», recoge el documento.

El fiscal pide prisión para el alcalde de Planes por la muerte de un joven en la Plantà del Xop

El fiscal reclama un año y tres meses de cárcel para el alcalde de Planes, Javier Sendra, y el edil de Fiestas, Vicent Català, por la muerte de un joven de Cocentaina durante la «Plantà del Xop» en mayo de 2012. Según recoge este martes el Diario Información de Alicante el ministerio público exige esta pena al entender que hubo un delito de homicidio así como otro de lesiones, ambos por imprudencia grave, durante aquella jornada trágica del 19 de mayo de 2012.

Señalar que la acusación particular solicita la pena a dos y nueve mieses mientras que junto a la Fiscalía pide la apertura de juicio oral. Por el momento la instrucción del caso continúa adelante después de que juzgado de Alcoy haya rechazado el recurso que presentaron los dos acusados.

El Juzgado avala las sanciones de Ortiz por la falta de mantenimiento de la Rosaleda

El Juzgado de Lo Contencioso Administrativo Número 1 de Alicante ha dado la razón al Ayuntamiento de Alcoy en relación a la demanda de la mercantil Ortiz e Hijos y la UTE Rosaleda contra la sanción que el Consistorio les impuso por la falta de mantenimiento del Pàrking de la Rosaleda.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Alcoy instó en su día a la citada empresa a que acometiera varias actuaciones en el Parking para solucionar, entre otros, los problemas de filtraciones de agua. Ante la pasividad de esta a realizar las reclamadas reparaciones el Consistorio impuso varias sanciones económicas y la propia empresa recurrió el Contencioso solicitando una demanda por daños y perjuicios que ronda los 23.500 euros. Ahora el juzgado ha fallado a favor de los intereses locales y ha dicho que este dinero no le corresponde y que puede exigir a la empresa el mantenimento y conservació del pàrking hasta que acabe el contrato de concesión.

La edil de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano,  ha explicado que la sentencia de trascendencia importante «esto nos permitirá en un futuro requerir a la empresa tantas veces como nos haga falta para que cumpla con sus obligaciones de conservación y mantenimiento del Parking dando así un uso digno a los alcoyanos, que ya bastante estamos teniendo para soportar los disparates de esta empresa y del Gobierno Local anterior del PP», concluye.