Últimas Noticias

Nuestras comarcas están a punto de vivir un nuevo hito deportivo y en esta ocasión de la mano de Erum...

El Ayuntamiento de Muro ha anunciado que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha fallado a su favor en...

Hoy viernes os hemos contado la polémica suscitada por los viajes de trabajo del alcalde de Alcoy, Toni Francés. También...

Hoy os hemos contado los datos de ocupación que manejan los hoteles de Alcoy de cara a las Fiestas de...

Alcoy, ES
few clouds
Weather in Alcoy, ES
15°C 15°C

Los Familiares de los fallecidos en Domus Vi Alcoy no recurrirán la sentencia

La decisión se esperaba desde hace unas semanas y la hemos conocido en la recta final de febrero. Los familiares de los fallecidos en la residencia Domus Vi de Alcoy durante la primera ola de la pandemia, a causa de un virulento brote de Coronavirus, han decidido no recurrir la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de nuestra ciudad que conocimos el pasado mes de enero. En esta, como ya contamos en COPE ALCOY, el juez había considerado que la empresa demandada no había incurrido en negligencia respecto a la entrada y propagación del virus ni en la atención a los residentes. La decisión de no seguir adelante y recurrir viene motivada por «el esfuerzo económico que supondría continuar, tras casi cinco años de litigio, ya no es asumible”, afirman los familiares.

Los demandantes insisten en que la citada sentencia «es decepcionante» y afirman que el hecho de que no se haya probado judicialmente la neglicencia «no significa que no existiera«. También remarcan las dificultades que tuvieron para acceder a la información, de cara a aportarla al proceso judicial, y afirman que se ha dado credibilidad a algunos informes clínicos presentados por Quavitae pese a haber alertado sobre datos erróneos o contradictorios «consideramos que una empresa como Quavitae, que gestiona la vida de personas vulnerables, debería de haber adoptado medidas preventivas adicionales, más allá del cumplimiento formal de una normativa obsoleta de 2005«, indican. También lamentan que los peritos de la misma parte demandada justifiquen el elevado número de muertes en la vulnerabilidad de los residentes y califican de auténtico «caos« lo que se vivió en el geriátrico en aquella primavera del 2020 «personas agolpadas, gerocultoras desbordadas e impotentes y una supervisión claramente insuficiente. Ese descontrol fue la antesala al silencio que vino después«, añaden.

La lucha sigue pese al cierre del proceso judicial

Desde la Asociación de Familiares Afectados han anunciado cuáles son los objetivos que van a perseguir a partir de ahora. Pese al cierre judicial, han dejado claro que la lucha seguirá «vamos a continuar trabajando para que nuestros mayores, y también nosotros que algún día podemos llegar a esa situación, estén en unas condiciones adecuadas en cualquier residencia. En esta premisa centraremos nuestros esfuerzos», señalaba este jueves en COPE ALCOY Josele García, presidente de la citada entidad. 

Familiares de DomusVi Alcoy tras la sentencia «ha sido una gran decepción»

Los familiares de las víctimas por la tragedia ocurrida en DomusVi Alcoy durante la primera ola de la pandemia no ocultan su tristeza y decepción por la sentencia del juicio que conocimos la pasada semana. La demanda, como ya contamos en COPE ALCOY, ha sido desestimada al considerar el juez que en el contexto de la pandemia la empresa gestora del geriátrico no actuó de forma negligente.

La Asociación de Afectados, que ha trabajado incansablemente para que fuera una realidad el proceso judicial con el fin de esclarecer la verdad y que se depuraran responsabilidades, cree que la lucha que han llevado a cabo durante casi cinco años «no ha servido para nada«. A partir de ahora van a reunirse con los abogados, y también con todos los afectados que decidieron seguir adelante para que hubiera juicio, con el fin de determinar los pasos a dar «la resolución ha sido muy dura, contundente y decepcionante. Manteníamos un hilo de esperanza y esto ha supuesto para nosotros un auténtico jarro de agua fría. Ahora es momento de analizar todo, ver las opciones que tenemos y decidir si recurrimos o no la sentencia«, explicaba en COPE ALCOY Josele García; al frente del citado colectivo que ampara a los familiares de las víctimas.

La sentencia que conocimos el jueves no es firme y existe la posibilidad de presentar recurso en la Audiencia Provincial de Alicante. Los mismos familiares decidirán en los próximos qué hacer puesto que, como han manifestado en reiteradas ocasiones, su objetivo principal es que una tragedia como la de DomusVi Alcoy no vuelva a ocurrir. Hay que recordar que en la primavera del año 2020 fueron 74 ancianos los que perdieron la vida en este geriátrico alcoyano a causa de un virulento brote de Coronavirus desatado poco antes de activarse el primer Estado de Alarma.

Visto para sentencia el juicio por las muertes de DomusVi Alcoy

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy ha acogido en este jueves  la última sesión del juicio por el fallecimiento de 74 ancianos en la residencia geriátrica DomusVi de nuestra ciudad. Los hechos, como venimos recordando estas semanas, ocurrieron en la primera ola de la pandemia y la tragedia fue calificada como una de las «peores’ que se ha vivido en la capital de l’Alcoià desde tiempos de la Guerra Civill.

Poco antes de las 14:00h el juicio quedó visto para sentencia después de una jornada en la que se han podido escuchar las conclusiones de las partes demandante y demandada. La letrada de la primera de ellas ha reiterado que después de todo lo que se ha escuchado a lo largo de estos últimos días «queda claro que se llegó a esta situación por una falta de organización en el geriátrico, una incorrecta gestión del brote de Coronavirus, falta de personal y escasez de medidas de higiene«, dijo. Además sostuvo que la residencia priorizó los intereses económicos sobre el bienestar de los residentes, lo que llevó a un aumento significativo en los contagios y muertes. De hecho, en DomusVi Alcoy perdieron la vida más del 52% del total de usuarios que había en ese momento en la residencia y ante esto la acusación, que representa a 18 familias, pide 2’3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Los demandados han discrepado de las afirmaciones de los abogados de los familiares afirmando, una vez más, que se cumplían los ratios de personal establecidos por la Conselleria de Sanitat y que las decisiones tomadas por la dirección fueron apropiadas dadas las circunstancias sanitarias excepcionales provocadas por una pandemia global «son acusaciones ofensivas e insultantes ya que no se puede atribuir el caos a una supuesta falta de recursos«, manifestaron.

Las dos partes implicadas ahora esperan el veredicto del tribunal que se conocerá en las próximas semanas. Para los familiares de las víctimas «han sido jornadas duras» por tener que recordar lo vivido en aquella primavera de 2020 al mismo tiempo que expresan que no se ha aportado toda la información «creemos que muchas cosas han quedado en el tintero. Hechos concretos que no se han detallado, como por ejemplo el momento en el que se trasladó a Salud Pública el primer contagio y que creemos que fue determinante para la expansión del brote. Ahora el juez decidirá«, concluyó Josele García; presidente de la asociación de afectados, a las puertas del juzgado.

Los vecinos sobre la peatonalización: «Si la sentencia es firme, se podrán pedir devoluciones de sanciones»

Los vecinos ‘han ganado’. Esa es la conclusión que sacan desde la Plataforma Centro Digno tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara nula la ordenanza de peatonalización de Alcoy.

«Hemos ganado. Si no la guerra, la primera batalla decisiva«, ha asegurado Cristina Richart, representante de la Plataforma, en rueda de prensa. Destacan los vecinos su disconformidad con cómo se han hecho las cosas. «Con un texto y un plano no se puede montar una ordenanza«.

Pero van más allá. Hacen también referencia a las multas que a lo largo de estos dos años ya han sido cobradas. «Primero tendremos que ver si la sentencia es firme. Si es firme, sí que nos ha dicho (el abogado) que se podrán pedir las devoluciones de las sanciones. Si es nula la ordenanza, tienen que ser nulas las sanciones», asegura Richart.

En la rueda de prensa también intervinieron más representantes vecinales. Y es que, asegura Richart, han sido más de cincuenta los demandantes y muchas las personas que han colaborado, a pesar de no figurar en la demanda. También como representante de la Plataforma estuvo presente María José Soler.

Desde la Asociación de de Vecinos del Centro, Mari Carmen Pascual recuerda que ellos no están en contra de la peatonalización. «Estamos en contra de cómo se ha llevado a cabo, sin consensuar con los vecinos y sin importar los problemas que han creado».

No obstante, la sentencia por el momento no es firme. Es más, el Ayuntamiento de Alcoy va a presentar un recurso. Aún, así, los vecinos celebran cómo se están desarrollando los hechos. «Para mí lo que es un éxito es conseguir resultados a favor de las asociaciones. Es un éxito grande y más porque no tenemos apoyo en la mayoría de nuestras reivindicaciones», ha asegurado Paco Seguí, representante del movimiento vecinal.

Ratificada la indemnización a la empresa que renunció a rehabilitar el Molinar

El juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Alicante ha ratificado la indemnización del Ayuntamiento de Alcoy a la empresa encargada de rehabilitar las antiguas fábricas de El Molinar y que renunció a la obra por incumplimientos del Consistorio. Esta sentencia confirma el informe del Consell Jurídic Consultiu el cual determinó que la paralización de los trabajos fue responsabilidad del Ayuntamiento y no de la empresa constructora.

Así lo anunciaba el pasado viernes el Partido Popular de Alcoy al mismo tiempo que destacaba que la citada sentencia amplia ligeramente las cantidades que el Consistorio acordó pagar en diciembre. Dicen desde el PP que el Gobierno Local autorizó entonces el abono de 61.868 euros: 32.861,44 euros correspondientes a la indemnización por el 6% del precio de adjudicación y 29.425,22 euros correspondientes a la devolución de la fianza depositada previamente por la empresa. Ahora, añaden, la sentencia contempla un nuevo pago de 3.332,87 euros en concepto de obras ejecutadas por la empresa en octubre de 2019, antes de la paralización del proyecto. A los 62.454,09 euros que indica el fallo judicial, hay que añadir también  los intereses de demora y los gastos de cobro «el Gobierno del PSOE anunció el proyecto en enero de 2018 y las obras debían finalizar en abril de 2019. La realidad es que tenemos que indemnizar a la empresa, tenemos una nueva condena en contra del Ayuntamiento y hemos perdido 500.000 euros de subvención europea. No se puede hacer peor«, concluye la concejala Lirios García.

Indicar que el proyecto fue adjudicado dos meses después del plazo máximo: junio de 2019. La Generalitat concedió hasta cuatro prórrogas para finalizar las obras y no perder la subvención: al primer plazo de abril de 2019 se sumaron los de noviembre de 2019 y enero, mayo y noviembre de 2020.  Un mes después de adjudicar el proyecto a la empresa que presentó la oferta más baja, aclara el PP, la compañía alegó problemas de acceso a la zona de obras y de seguridad en los taludes, que además no eran de propiedad municipal. La consecuencia fue la paralización de la obra y un nuevo retraso, lo que motivó la rescisión del contrato. Tanto el CJC como el juzgado determinan que la responsabilidad fue del Ayuntamiento, con el consiguiente pago de la indemnización y la devolución de la garantía.

La justicia da la razón al Ayuntamiento por las contrataciones de Avalem Joves

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante ha fallado a favor del recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Alcoy contra la resolución del Ministerio de Trabajo tras la denuncia que efectuó en su momento el sindicato Comisiones Obreras. La misma venía motivada sobre los salarios percibidos por las 195 personas contratadas por el Consistorio en 2018 a través del programa ‘Avalem Joves’.

El magistrado señala que el mismo Ayuntamiento actuó correctamente y pagó los sueldos que correspondía a estos jóvenes. Además la sentencia, sobre la que no cabe recurso, reclama al Ministerio que devuelva al Ayuntamiento los 188.225,43 euros (más intereses) de la multa que se vio obligado a pagar «el Ayuntamiento de Alcoy ha actuado avalado por los informes técnicos y motivado por la defensa de los intereses económicos del consistorio. Siempre hemos pagado lo que correspondía a estos trabajadores, en relación a sus funciones y a las tareas que desempeñaban«, afirma el edil Alberto Belda.

Desde el Gobierno Local han lamentado que el Partido Popular y Guanyar Alcoi se sumaran en su día a la denuncia de CCOO. También han mostrado su malestar por el hecho de que estos dos partidos acusaran a los socialistas de actuar de forma ilegal a la hora de pagar a los jóvenes contratados.

Veredicto para el acusado del crimen machista de Planes

El jurado popular ha declarado culpable al acusado de asesinar a su pareja sentimental en el domicilio en el que residían en el municipio de Planes. Los hechos ocurrieron en 2019 y causaron una gran conmoción en las comarcas de l’Alcoià y el Comtat.

La resolución se ha alcanzado por unanimidad, dos días después de que el procesado cambiase su posición inicial y confesase la autoría del crimen en la declaración que efectuó durante la primera sesión del juicio. El jurado, según la información facilitada, ha tenido en cuenta aspectos como la confesión y los informes policiales en los que se descartaba que hubiese terceras personas implicadas en el suceso. Además se ha remarcado que en las pruebas forenses se hallaron restos de ADN del acusado en las armas que utilizó para cometer el crimen. El jurado ha confirmado por unanimidad la apreciación de alevosía al concluir que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse, al tiempo que también ha valorado el arrepentimiento como atenuante de confesión por analogía, aunque se ha descartado la posibilidad de concesión de indulto por nueve votos a dos.

Recordar que el ahora acusado, a preguntas de la fiscalía, confesó el lunes  haber matado a su pareja y manifestó sentirse profundamente arrepentido por ello. Seguidamente la misma fiscalía y la acusación particular modificaron sus peticiones iniciales en la exposición de los informes de conclusiones . También solicitaron que se impusiese al acusado una pena de 15 años de prisión en lugar de los 25 demandados inicialmente.

Esa rebaja se produjo después de alcanzar un acuerdo con la defensa, por la que se sustanció el reconocimiento del crimen, aunque en ese acuerdo se contemplaba el mantenimiento de las peticiones de indemnización, que exponen al procesado al pago de 467.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Tras la lectura del veredicto, todas las partes han mantenido esas peticiones, así como la continuidad de la medida de prisión provisional junto a la retirada de la patria potestad respecto al hijo que el procesado tuvo con la víctima.

El juicio queda ahora visto para el dictado de la sentencia.

El jutjat sentència que no es va condemnar a l’Ajuntament de Cocentaina a fer proves Covid al personal

L’Ajuntament de Cocentaina informava dies enrere que una sentència del jutjat ha revelat que el Consistori no va ser condemnant en l’estiu de 2020 a fer les proves diagnòstiques de Covid-19 al seu personal. A més des del Consistori remarquen que el Sindicat de Policies Locals, FESEP, va fer aquesta denúncia de manera falsa davant de tots els mitjans de comunicació.

La sentència és molt clara al respecte i diu també textualment el següent: «la sentencia NO condenó al Ayuntamiento a someter a pruebas diagnósticas de afectación al COVID-19 a los empleados públicos en contacto con el público, tal y como concretaba el suplico de la demanda; fue una estimación sustancial de la demanda que NO recogió tal petición, a la que se aquietó el sindicato demandante, por lo que NO puede requerirse al Ayuntamiento a su realización». 

Aquest procés judicial, iniciat pel sindicat policial del FESEP contra l’Ajuntament contestà, ha costat en advocats 3.300 euros a les arques municipals segons la informació facilitada.

La sentencia de Supremo contra el Estado de Alarma cuestiona la validez de más cien mil multas en la CV

Según ha podido recopilar el diario Las Provincias de fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, saltarse el confinamiento en vigor por el Estado de Alarma entre el 15 de marzo y el 20 de junio del año pasado supuso más de 100.000 denuncias y 922 detenciones en la región.

Unas propuestas de sanción por incumplir las restricciones, que -sin embargo- ahora son cuestionadas después de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se califica de ilegan el estado de alarma. Según la Delegación del Gobierno, «los expedientes sancionadores resueltos por Interior supusieron una cuantía de 14,1 millones de euros, de los que 8,3 millones son sanciones ya abonadas mediante el pago anticipado». En cuanto a las sanciones menos graves, las subdelegaciones del Gobierno de Valencia, Alicante y Castellón «resolvieron hasta mayo 12.095 expedientes» del primer estado de alarma «y seguían tramitando otras 8.238″.

De momento el Gobierno sigue sin aclarar cómo va a responder a los ciudadanos multados y si retornará el dinero en los casos de sanciones ya pagadas. El Ejecutivo defiende que sin esta herramienta del Estado de Alarma «no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días».

De momento, todo está por decidir. Los magistrados del Tribunal Supremo se centran ahora en la redacción de una sentencia con el encargo a la ponencia de intentar salvaguardar a la Administración de una avalancha de demandas por los daños económicos causados con las sanciones.

En el caso de las sanciones impuestas por la administración autonómica, hace pocas fechas la propia administración reconocía que la Generalitat sólo consigue cobrar una de cada cien multas por imprudencias del Covid.