Vivienda

Cáritas Comunitat Valenciana denuncia que la Conselleria de Vivienda sigue dejando fuera de las ayudas por alquiler a las familias más vulnerables, aquellas que no tienen ni conocimientos informáticos, ni siquiera este tipo de dispositivos para solicitar esas ayudas, dado que la Consellería sólo admite la vía telemática para esas solicitudes. De hecho, Cáritas estudia ya la vía judicial.

Ante el silencio de la Conselleria a la petición de las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat -Orihuela-Alicante, Segorbe–Castellón y Valencia para que las ayudas de la Consellería no dejen fuera a estas familias afectadas por la «brecha digital», trasladaron su queja al Síndic de Greuges el pasado mes de julio, que no fue respondida por la Consellería en los dos plazos que le dio este organismo.

La Orden 3/2021 por la que se aprobaban las bases reguladoras para la concesión del Programa de Ayudas al alquiler de viviendas y del Programa de ayudas al alquiler para jóvenes excluía, expresamente, la presentación de las mismas por registro general de entrada, por lo que las personas que carecen tanto de dispositivos como de conocimientos informáticos quedaron fuera del acceso a dichas ayudas, denuncia Cáritas.

A principios del pasado mes de junio, un equipo técnico de Cáritas Valencia se reunió con la Dirección general de Emergencia Habitacional para hacerle conocedora de la limitación que esta medida suponía y dar así la posibilidad de rectificar la referida Orden..

Cáritas pidió que se flexibilizaran algunas de las medidas y que se implementaran citas presenciales para facilitar a las personas que carecen de medios electrónicos la solicitud de las ayudas.

Por su parte, el Síndic de Greuges conminó a la Conselleria a tener en cuenta esta demanda y estableció un nuevo plazo de un mes que ahora se cumple, para que la Generalitat respondiera.

Cáritas reclama que se modifique la legislación que excluye del acceso a ayudas sociales a quienes más las necesitan y recuerda que las personas en situación de vulnerabilidad a las que acompaña, y hacia las que están destinadas las ayudas al alquiler, suman, además, dificultades materiales y habilidades digitales para poder relacionarse con la Administración.

«En consecuencia, la llamada brecha digital deja fuera del sistema a quienes más lo necesitan«, advierte, y anuncia su intención de acudir a los tribunales si no se acepta su petición.