Una comisión definirá cómo Alcoy recupera la inversión de los juzgados
La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha visitado este lunes las instalaciones del nuevo Palacio de Justicia de Alcoy, ubicado en la zona de la Verge María, y que empezó a funcionar a pleno rendimiento a mediados del pasado mes de marzo
Bravo ha destacado que este proyecto es por fin una realidad tras más de 14 años de espera y ha indicado que todavía quedan algunas pequeñas actuaciones a realizar para solventar algunas deficiencias que se van detectando a medida que se incrementa el uso de las nuevas instalaciones judiciales «con este nuevo Palacio de Justicia se ha solucionado un problema enquistado desde hace 14 años«, remarcó la Consellera. De igual modo ha afirmado que que Alcoy y en su extensión el conjunto de la comarca cuentan ya con un Palacio de Justicia digno «quiero agradecer personalmente la paciencia que han tenido los ciudadanos de Alcoi y el esfuerzo realizado por el personal de la Administración de Justicia que, durante años, ha tenido que trabajar en unas condiciones lamentables que, afortunadamente, hoy son solo un mal recuerdo«, aseveró
Una comisión determinará la fórmula para recuperar la inversión
La Consellera de Justicia también ha hablado en su visita de hoy a los nuevos juzgados de Alcoy del convenio entre la Consellería y el Ayuntamiento para definir la fórmula que permita al Consistorio recuperar la inversión de más de 3 millones de euros que hizo en su día para adecuar este inmueble. Sobre ello Gabriela Bravo ha avanzado que se creará una comisión mixta entre Ayuntamiento y Consellería «que permita alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes y si es posible antes de que acabe esta legislatura«, concluyó.
Recordar que el acuerdo alcanzado el pasado verano entre ambas administraciones contempla que la conselleria de Justicia adecentara las instalaciones de la Verge María para trasladar allí los Juzgados desde el inmueble de Al-Azraq a cambio de ocupar gratuitamente el edificio durante un año. Después de esto, y mientras se alcanza la solución definitiva, la Generalitat pagará en concepto de alquiler 32.000 euros anuales durante los tres años siguientes.